Más unidad de mercado, más despliegue de redes

Seguimos analizando el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Nos centramos en la recuperación de la unidad de mercado, la simplificación administrativa y el hecho de facilitar el despliegue de redes.

En cuanto a la recuperación de la unidad de mercado, se pretende que los operadores de telecomunicaciones desarrollen su actividad en un contexto de reglas únicas en la toda España. Se complementa y refuerza así la ley de garantía de unidad de mercado desde la legislación sectorial.

Las principales medidas son el diseño de nuevos mecanismos de coordinación y colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para que se facilite el despliegue de redes de telecomunicaciones y el establecimiento de requisitos técnicos comunes para el despliegue de redes, y límites máximos únicos de emisión y exposición a campos electromagnéticos en todo el territorio nacional.

En referencia a la simplificación administrativa, se eliminarán barreras normativas de las diferentes Administraciones al despliegue de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones, se simplifican los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico y se suprimen las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de telecomunicaciones en dominio privado. Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables.

Finalmente, para facilitar el despliegue de redes, se pretende reducir los costes para que los operadores puedan ampliar la cobertura de sus redes y el margen traslade a los precios finales la reducción de costes. En paralelo, se facilitará el despliegue de las redes fijas de telecomunicación en los edificios y se garantizará que un usuario pueda acceder a las redes ultrarrápidas. Ello supone que un residente que desee contratar servicios de redes ultrarrápidas debe recibir cobertura de la comunidad de vecinos (se deber dar el visto bueno al despliegue necesario para proporcionar ese servicio). Para desplegar las nuevas redes de telecomunicación, los operadores podrán reutilizar las canalizaciones, conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de operadores privados. Las UTE y la fibra oscura ya habían alentado esa opción, pero ampliarla es positivo.
Sobre los posibles efectos de este cambio legislativo continuamos debatiendo en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog.

Más competencia y mejores servicios al ciudadano

El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones puede colaborar decisivamente a dinamizar el sector. Las reformas estructurales principales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones pretenden facilitar el despliegue de redes de nueva generación (fijas y móviles) y ampliar su cobertura, y mejorar la oferta de servicios innovadores a los ciudadanos (más calidad, mejor precio y condiciones más efectivas de competencia).

Los cuatro ejes son el impulso a la competencia y mejora de los servicios a los usuarios; la recuperación de la unidad de mercado; la simplificación administrativa; y facilitar el despliegue de redes. Analizamos en este post  el primer factor, la competencia como herramienta esencial para garantizar unos mejores servicios al usuario final, precios más ajustados y la conservación (o aumento, coyunturas mediante) del esfuerzo de inversión e innovación característico del sector de las telecomunicaciones.

En este sentido, se llevarán a cabo análisis periódicos de los diferentes mercados. Ello permitirá establecer individualmente obligaciones específicas y  condiciones de competencia adecuadas a la situación real del mercado.

Además, mejoran los derechos de los usuarios de telecomunicaciones vinculados a la protección de datos de carácter personal y a la privacidad de las personas. El régimen sancionador adquiere detalle. Será más fácil cumplir las obligaciones de los operadores a la par de los derechos de los usuarios.

La actuación de las Administraciones Públicas en la explotación de redes y provisión de servicios de telecomunicaciones quedará simplificada. Igualmente se creará una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental. Finalmente, se refuerza la potestad inspectora y sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Por tanto, un equilibrio entre más apertura de mercado y más derechos ciudadanos.
Sobre los posibles efectos de este cambio legislativo continuamos debatiendo en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog.