¡He ganado un concurso competitivo del Instituto Nacional de Administración Pública español!

 

El proyecto de investigación “Uso y prospectiva del uso de la IA en las Administraciones Públicas”, del Grupo de Investigación SIMPED de EUM-UdG, ¡ha ganado el concurso competitivo del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)!

La investigación corresponde al Grupo de Investigación sobre Sistemas Innovadores de Monetización de Periodismo, Marketing y Turismo Digital (SIMPED), de EUM-UdG y el Centro de Estudios sobre el Cable (CECABLE), del cual soy el investigador principal.

La institución adjudicataria está adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La convocatoria corresponde a octubre de 2025. El Centro de Estudios y Gestión del Conocimiento (CEGC) del INAP, en su condición de órgano instructor en el expediente de concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación, convocadas en régimen de concurrencia competitiva, mediante Resolución de la Dirección del INAP de 29 de octubre de 2025, remitió al Comité de Evaluación, constituido en abril de 2026, la documentación precisa para que éste pudiera realizar la valoración y calificación de las solicitudes y proyectos presentados con ocasión de la citada convocatoria, una vez excluidos aquéllos que no cumplían los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria.

El Comité de Evaluación remitió al CEGC el informe-acta de valoración con su propuesta de adjudicación, emitido en mayo de 2026, confirmó el éxito del proyecto (Joan-Francesc Fondevila-Gascón, Gaspar Berbel-Giménez, Javier-Manuel Asenjo-Fernández y Oriol Borrás-Gené). ¡Con todo el entusiasmo!

Más unidad de mercado, más despliegue de redes

Seguimos analizando el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Nos centramos en la recuperación de la unidad de mercado, la simplificación administrativa y el hecho de facilitar el despliegue de redes.

En cuanto a la recuperación de la unidad de mercado, se pretende que los operadores de telecomunicaciones desarrollen su actividad en un contexto de reglas únicas en la toda España. Se complementa y refuerza así la ley de garantía de unidad de mercado desde la legislación sectorial.

Las principales medidas son el diseño de nuevos mecanismos de coordinación y colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para que se facilite el despliegue de redes de telecomunicaciones y el establecimiento de requisitos técnicos comunes para el despliegue de redes, y límites máximos únicos de emisión y exposición a campos electromagnéticos en todo el territorio nacional.

En referencia a la simplificación administrativa, se eliminarán barreras normativas de las diferentes Administraciones al despliegue de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones, se simplifican los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico y se suprimen las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de telecomunicaciones en dominio privado. Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables.

Finalmente, para facilitar el despliegue de redes, se pretende reducir los costes para que los operadores puedan ampliar la cobertura de sus redes y el margen traslade a los precios finales la reducción de costes. En paralelo, se facilitará el despliegue de las redes fijas de telecomunicación en los edificios y se garantizará que un usuario pueda acceder a las redes ultrarrápidas. Ello supone que un residente que desee contratar servicios de redes ultrarrápidas debe recibir cobertura de la comunidad de vecinos (se deber dar el visto bueno al despliegue necesario para proporcionar ese servicio). Para desplegar las nuevas redes de telecomunicación, los operadores podrán reutilizar las canalizaciones, conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de operadores privados. Las UTE y la fibra oscura ya habían alentado esa opción, pero ampliarla es positivo.
Sobre los posibles efectos de este cambio legislativo continuamos debatiendo en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog.

Agenda Digital para España-3

La Agenda Digital para España establece en el horizonte de 2015 una medidas que pueden  relanzar la economía estatal en clave digital. La progresión de la banda ancha ya es prometedora gracias al despliegue del FTTH, tal como debatiremos en las XVIII Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (7-9 de mayo de 2013). 

Además de aplicaciones para ciudadanía y empresa, se plantean dos para la administración pública, agente fundamental de modernización y de digitalización. La primera es incrementar la eficiencia de la Administración mediante las TIC y alcanzar los objetivos europeos de uso de administración electrónica. Los objetivos principales consisten en acercar la Administración a ciudadanos y empresas, aumentar el uso de la administración electrónica, racionalizar y optimizar el empleo de las TIC en las Administraciones Públicas, aumentar la colaboración entre las distintas Administraciones Públicas y romper la brecha digital (el gap) que separa geográficamente al centro de la periferia.

Las actuaciones consistirán en racionalizar las estructuras de la Administración General del 

Estado, definir procesos, rediseñar procedimientos administrativos e impulsar acuerdos para favorecer la reutilización de recursos y servicios entre distintas administraciones. Los indicadores para 2015 son exigentes: un 50% de población utilizando administración electrónica, y un 25% utilizándola y enviando formulacions en línea.

Como segundo foco de actuación, se pretende continuar impulsando la digitalización de los servicios públicos para conseguir mayor eficiencia y vertebración. Como objetivos generales se plantea la extensión de los servicios públicos digitales a todos los ciudadanos, la mejora de la eficiencia en la prestación de servicios públicos y que la AGE sea impulsora de la industria TIC y la economía digital. 

Las actuaciones para la Administración de Justicia Digitalƒ consistirán en desarrollar e implantar el sistema de gestión procesal en 2014 e ƒImplantar el expediente judicial electrónico en 2015. Para salud y bienestar social, hay queƒ extender la receta electrónica interoperable en 2015 y la historia clínica accesible a través de Internet en 2014. En educación digital, se trata de dotar a los centros educativos de banda ancha ultrarrápida en 2015 (gran noticia sería ésta, teniendo en cuenta las necesitadas reveladas por artículos científicos del Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE). Como indicadores objetivos para 2015, se aspira a un 100% de digitalización del sistema de gestión procesal, el expediente judicial electrónico (en diez órganos del Ministerio de Justicia), la receta electrónica interoperable (100% en comunidades autónomas) y banda ancha ultrarrápida en el 50% de centros educativos. Acercarse a ese listón sería un gran salto para la administración pública española.